domingo, 21 de octubre de 2007

El contexto de la Coca, su influencia social y económica en el eje troncal

El asunto de la coca respecto a su cultivo, su consumo, mercado de destino, su transformación en subproductos, la población involucrada en la economía de producción y de comercialización, entre otros factores, reviste en forma persistente una elevada conflictividad, que no ha tenido tregua en los últimos veinte años y se presenta de forma recurrente en cada gestión gubernamental.

¿Por qué nos interesa abordar un tema tan complejo como en algunos aspectos inescrutable?; la razón es su evidente vinculación a una elevada economía informal generadora de empleo localizada en el área de influencia del eje troncal de infraestructuras y de los centros urbanos más importantes del país (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra). Las explicaciones que se desarrollan en lo posterior y la información presentada, nos proporciona algunas respuestas de la relevancia de la hoja de coca principalmente en lo social y en lo económico y, el desequilibrio en el que se incurre con gran repercusión en el área de influencia que se menciona, al aplicar estrategias de erradicación sin un serio análisis prospectivo de los impactos y con criterios verticalistas que no se comprometen con la realidad de un país profundamente diverso.

Efectivamente, el contexto de la coca tiene matizaciones que se manifiestan como un abanico de argumentos, desde lo autóctono y originario[1], hasta las penumbras de lo ilícito en la extracción y comercialización del alcaloide cocaína.

Nos centraremos en los aspectos cuantificables y en el impacto social y económico que genera la economía de la coca, en una sociedad que requiere mayores razonamientos y fundamentos para concentrar esfuerzos que tonifiquen el eje troncal como motor de desarrollo social y económico.

Un primer criterio, nos indica la relevancia del asunto por la localización que tienen las zonas productoras de hoja de coca respecto al eje troncal boliviano. (Ver Mapa de Zonas de Producción de Hoja de Coca y su Relación con la Infraestructura Vial), con especial atención al Chapare, situado en el área de influencia de la vía carretera fundamental Cochabamba – Santa Cruz.

La producción de hoja de coca en Bolivia se realiza principalmente en dos zonas y en una tercera menos relevante. Por los volúmenes producidos y la importancia del efecto social y económico, solo analizaremos las dos primeras. Estas zonas son: Los Yungas (Departamento de La Paz), zona en la que se ha cultivado de manera tradicional; el Chapare (Departamento de Cochabamba), donde una parte se atribuye a cultivos tradicionales y otra gran parte es denominada “excedentaria”. Ésta zona del Chapare experimentó a partir de la década de los años 70 un acelerado crecimiento, hasta llegar a un máximo expansivo en la segunda mitad de los años 80 y, como se verá posteriormente, una contracción muy importante a partir del año 1997. La tercera zona de menor relevancia productiva es la zona subtropical de Apolo, situada al centro norte del Departamento de La Paz.

Esta relevancia por ubicación, se entrelaza con los conflictos sociales entre Gobierno y productores “cocaleros”, que provocan las políticas de erradicación e interdicción forzosa por una parte, y el irrenunciable ingreso para los productores producido por la venta de la hoja de coca al mercado habitual interno y al mercado comprometido con prácticas ilícitas. Entre estos dos últimos puntos de destino, la frontera de definición es difusa y se hace difícil su esclarecimiento.

Un segundo criterio considera que ésta ubicación de las zonas productoras en el área de influencia de la vía fundamental de carretera Cochabamba – Santa Cruz, se correlaciona profundamente con una población económicamente dependiente de la producción / comercialización de coca y las externalidades que esta economía promueve. Esta población se ha ido asentando de forma creciente en esta zona del eje troncal, motivada por la atracción de una economía activa y alterna a la depreciada actividad minera de la década de los años 80, que expulsó en 1986 con medidas gubernamentales de “corrección” y “relocalización” la mano de obra minera a estas zonas y a las ciudades principales del eje troncal con los consecuentes efectos en cascada. (Posteriormente se analizan las migraciones y sus causas).

Un tercer elemento relevante, está compuesto por el ejercicio de políticas y estrategias vinculadas al ámbito de la coca. La erradicación forzosa, la estrategia de Desarrollo Alternativo, el Plan Dignidad, Política de coca “0”, hasta la propuesta del actual gobierno de Cocaína “0”. En suma, un conjunto de acciones gubernamentales de tipo centralista, disociadas algunas veces, como antagónicas en otras, que en este último quinquenio 2002 – 2007 parecieran tener un cambio de dirección, según muestran las cifras.

Cabe subrayar, que el mercado local para consumo de la hoja de coca ha sido prioritario –históricamente- para su producción, tanto en la región de Los Yungas como en ciertas provincias de la zona del Chapare. Este hecho se constata cuando se analiza la considerable venta y consumo “akhulliku”, en los mercados y ferias de los centros poblados, también de los centros mineros y en las comunidades rurales principalmente aymaras y quechuas.

Desde mediados de la década de los años 90, cuando la región del Chapare era una fuente importante de cocaína para el mercado mundial y Bolivia tenía el potencial de producir 255 toneladas métricas de cocaína pura, el país ha reducido su potencial de producción de cocaína a 70 toneladas métricas. Esta reducción fue aplicada por el ex presidente Banzer (1997-2001), quien combinó la erradicación forzosa con una opresiva aplicación de las leyes de interdicción y la provisión de desarrollo alternativo condicionado a una reducción de coca. Sin embargo, del año 2000 al 2005, ha habido un incremento en el cultivo de coca de 19.600 a 26.500 hectáreas, debido en parte a la incapacidad del gobierno de Bolivia de llevar adelante una erradicación forzosa en los Yungas, zona a la cual muchos productores de coca del Chapare han migrado y en parte debido a las concesiones que alentaron a los productores a plantar más coca. El cultivo total de coca se incrementó en 8 por ciento del 2004 al 2005, alcanzando a 26.500 hectáreas.

Sin embargo, desde la gestión del presidente Morales, que se inicia en 2006, la aplicación de la política de "coca 0" se ha transformado en política de "cocaína 0"; paradójicamente, y ante la incredulidad de los grupos de oposición, se han logrado mayores avances en temas de incautación que en gestiones gubernamentales precedentes.

El cultivo tradicional y el excedentario de cocales frente al financiamiento para su erradicación, continúa siendo una exigencia oscilante de política interna y externa muy presente en el ámbito electoral. La promesa de borrar la hoja de esa lista negra de la ONU y revertir la política estadounidense de "coca cero" - de erradicación forzosa de cultivos - fue central en la campaña electoral de Evo Morales, que obtuvo la presidencia con 53,7% de los votos.

Económicamente, el sector de la coca ha representado hasta el año 1997 un 2% del PIB. Los EE.UU. ejercen una presión considerable sobre el gobierno boliviano, con la finalidad de lograr la erradicación del cultivo ilegal. Los sucesivos gobiernos han tenido poco éxito en la implementación de sus medidas respecto a la promoción de cultivos alternativos, así como en la erradicación forzosa de la coca. Los cocaleros están políticamente muy bien organizados y representados en el Parlamento. Éstos resisten vehementemente dichas medidas, puesto que éstas les ocasionan indefectiblemente pérdidas en sus ingresos. Las principales regiones de producción del cultivo de coca son el Chapare y los Yungas (Ver Mapa), y continúan siendo un foco de conflictos no resueltos, aunque atenuados en este último bienio.

A diferencia de las zonas productoras que se localizan cercanas a la red fundamental de carreteras, las factorías para la extracción del alcaloide, no se encuentran sobre las vías de transporte o comunicación -consecuentes con su clandestinidad-, de hecho, una de las factorías más grandes de elaboración de cocaína encontrada accidental y trágicamente en 1986, se ubicaba en Huanchaca, una meseta inaccesible por vía carretera en el este del país, cercana a la frontera con Brasil.

La erradicación forzosa se ha aplicado desde la aprobación de la Ley 1008 de Sustancias Controladas, en la zona productora del Chapare localizada como se dijo en el área de influencia de la red fundamental, con excesiva rigurosidad, con insensibilidad y con muertes, sin observar aspectos diferenciados. Esta situación a puesto de manifiesto un rechazo social no solo por los métodos adoptados, sino y con mucha diferencia, la falta de visión y previsión de los efectos posteriores que no solo fueron inmediatos, sino que hasta hoy la sociedad en general y el eje troncal en particular, sufre los efectos.

Sin embargo a estos tres criterios de notable importancia, los antagonismos no se han resuelto en mesas de negociación con propuestas vinculantes, sino que se han ejercido un conjunto de diversas actuaciones “in situ”, es decir, en las propias zonas de producción; desde establecer puestos militares de control e intervenciones armadas por parte de los gobiernos en el propio eje, hasta bloqueos indefinidos de la vía fundamental de transportes por parte de los productores.

Estas posiciones desencontradas han debilitado profundamente las capacidades de expansión de una economía interna sometida a la zozobra de las incertidumbres.
Desde el occidente al oriente boliviano y viceversa, el transporte de pasajeros y carga por esta vía, junto a las exportaciones no tradicionales, fueron las más afectadas con intervenciones militares y bloqueos de tiempo indefinido. Irónicamente, en medio de estas dificultades, los productores de oleaginosas, de algodón, caña de azúcar y otros productos del oriente boliviano, están afianzando una “nueva puerta” para la salida de sus productos, hacia los mercados internacionales, volcando la mirada al modo de transporte fluvial por la vía Paraná-Paraguay, lo que promovería un factor de fortalecimiento del eje troncal hacia un encadenamiento internacional, que no se había promovido en forma planificada, coherente y voluntaria, desde las esferas de decisión.

Por otra parte, las políticas de estrangulamiento de una economía informal fortalecida por los vínculos al narcotráfico, mediante las intervenciones militarizadas de erradicación forzosa, con nombres prometedores como “Plan Dignidad”, han generado indeseables externalidades que a pesar de los discursos desde los organismos internacionales o del gobierno estadounidense o de los gobiernos nacionales que justificaban su aplicación, no han repercutido en lo esperado por la comunidad internacional, en cuanto a disminuir redes mafiosas, o consumo en los mercados norteamericano o europeo del alcaloide.

Es lamentable que políticas internacionales que desconocen un estado de situación de país, prevalezcan sobre los intereses locales. Más lamentable aún, que los gobiernos bolivianos no representen objetivamente estas matizaciones para lograr misiones y visiones conjuntas y equitativas para bien de los habitantes de un territorio, a la hora de aplicar políticas de intervención desde visiones exógenas, como lo explica muestra el editorial del New York Times del 23 de Septiembre de 2006[2].

En la medida en que se desarrolla el análisis, encontraremos algunos planteamientos, que pretendemos sean acordes al diagnóstico propositivo que nos hemos propuesto realizar. Los factores -que se consideraron relevantes- se analizan desde las perspectivas local e internacional, puesto que existen notables divergencias en la búsqueda de unos criterios comunes nacionales y una implicancia con la comunidad internacional en la relación coca-cocaína.

Algunos Gráficos extraídos del Informe de la United Nations Office on Drugs and Crime de una presentación realizada en Colombia (Abril 2006), muestran el éxito de la política de erradicación forzosa mediante el “Plan Dignidad”. Pero no manifiestan el costo social ni la caída de la economía en términos absolutos. Se fortalece la idea anterior de que ciertas estrategias internacionales prevalecen sobre las locales.

Una lectura que no se encuentra en el informe de la UNODC, pero que si se desprende de éstos gráficos, es que durante el período 2004 – 2005, los problemas de enfrentamiento por erradicación e interdicción disminuyeron por el acuerdo al que se llegó entre el gobierno de Carlos D. Mesa y los productores cocaleros; sin intervención armada, también se logró disminuir las superficies cultivadas excedentarias.Descritos los elementos relevantes, pasemos a analizar las cifras que se presentan en las tablas y gráficos siguientes.
[1] Trabajos arqueológicos de mediados del siglo XIX descubrieron en Perú tumbas quechuas de más de 3000 años con restos de hojas de la planta de la coca, la «Erithrosylon coca». Estos hallazgos permiten suponer que en esas zonas de los Andes el uso de la coca ha estado incorporado a la cultura indígena desde siempre.

[2] America makes plenty of things that are bad for foreigners' health - fatty Big Macs, sugary Cokes, deadly Marlboros - but we'd never let foreigners tell us what to make and not make. The Saudis can fight alcoholism by forbidding the sale of Jack Daniels, but we'd think they were crazy if they ordered us to eradicate fields of barley in Tennessee”. New York Times: Reading the Coca Leaves, September 23, 2006, By JOHN TIERNEY; Editorial Desk Late Edition - Final, Section A, Page 11

"De las Minas a los Cocales"

La Coca y las Migraciones en el Eje Troncal

El Decreto Supremo Nº 21060 que fue aprobado el 29 de Agosto de 1985, aprobó entre otros artículos, el libre desempleo, con una modalidad llamada “Relocalización” (la mención que hace el Decreto Supremo como “Beneficio” de Relocalización, es subjetiva, puesto que es beneficioso para un procedimiento de despido masivo, pero no para el sujeto del despido); los Artículos se describen a continuación:

Artículo 55º.- Las empresas y entidades del sector público y privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario. Se abrogan los Decretos Supremos 7072 de 23 de Febrero de 1965, 9190 de 23 de Abril de 1970, 17289 de 18 de Marzo de 1980 y Decreto Ley 17610 de 17 de Septiembre de 1980.

Artículo 56º.- Se establece transitoriamente el Beneficio de Relocalización, para la defensa y racionalización del empleo, que regirá tanto para el sector público como para el privado. Este beneficio se pagará por los empleadores en todos los casos de terminación de la relación de trabajo por decisión del empleador y consistir en el pago del equivalente a tres meses da salario, si fuere pagado de una sola vez o de seis meses a pagarse en igual plazo (6 meses), a elección del trabajador. El Beneficio de Relocalización será pagado, cuando hubiere lugar, en forma adicional a todos los beneficios sociales establecidos por ley y no es sustituible con el preaviso.
El Beneficio de Relocalización regirá hasta el 31 de Diciembre de 1985, a partir de la fecha del presente Decreto.

El D.S. 21060 tuvo grandes aciertos y desaciertos. En este punto temático, nos interesa analizar su efecto sobre el ámbito de la producción de coca.

A partir de este Decreto, el empleador tenía la facilidad de anunciar el despido sin tener que explicar las causas, sin señalar si el trabajador había cometido abusos contra la empresa, engaño o incumplimiento de sus deberes. Se llegó a utilizar el artículo 55 de manera muy discrecional.
El efecto inmediato del despido masivo generado en el sector minero (más de 28,000 mineros) que posibilitó posteriormente el proceso de capitalización de centros mineros como el Vinto, Huanuni, etc., ocasionó una migración trascendental de familias hacia otras zonas atractoras del país, en algún caso se produjo posteriormente el conocido efecto “llamada” y las tasas de crecimiento demográfico se dispararon en especial en las zonas periféricas de lo que fue la zona de El Alto[1] en la ciudad de La Paz; de Santa Cruz de la Sierra y otras zonas no urbanas tales como las de producción de coca en el Chapare (Departamento de Cochabamba) y zonas de extracción aurífera (Departamento de La Paz).

Exceptuando ésta última, las demás zonas atractoras de la migración, forman parte del eje troncal boliviano. Se desprende de este análisis, que el Decreto Supremo 21060 viabilizó un elevado movimiento migratorio no planificado, fomentó la expansión del cultivo de la hoja de coca incluso en forma excedentaria y provocó un alto grado de marginalidad urbana y suburbana en los núcleos poblacionales más importantes del país, generándose a su vez, grandes cinturones de pobreza y por el efecto de llegada masiva, baja dotación de los servicios municipales.
Sintomáticamente, en 1988, es aprobada la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº1008) que estableció un antes y un después del control sobre la producción de la hoja de coca.

Cabe destacar también, que el trópico de Cochabamba recibió por este efecto expulsor, a muchas familias de mineros “relocalizados”, que trajeron a la región su enriquecida experiencia en organización política y sindical. Este aspecto determinó el comienzo de una pugna y confrontación con los diferentes gobiernos en la aplicación de medidas de erradicación y otras más discrecionales. Como efecto, se hizo notoriamente intolerable la negociación por falta de propuestas conciliatorias y el resultado también tuvo que padecer la población transeúnte de este segmento territorial.

Aparentemente la población campesina del trópico cochabambino creció en forma acelerada a tiempo que se acentúo la tendencia hacia una mayor participación campesina en las actividades de producción ilícita de coca (transferencia de recursos humanos hacia las áreas de producción de coca). A este respecto sostiene Oscar Coca (CEDIB 1999):
“Los 32.836 habitantes registrados en el Trópico (de Cochabamba) en el Censo 1976, más que se triplicaron para el año 1992, alcanzando a 108.276 personas. Según el INE, en el período inter censal la tasa de crecimiento anual de la población en el Trópico alcanza a 7.62% muy por encima de las tasas del departamento y del país que alcanzan a 2.03% y 2.75% respectivamente. Para 1996 se tienen 141.882 personas según encuestas realizadas en los diferentes municipios del Trópico. Esto sugiere que el crecimiento poblacional del Trópico tiene a la migración como su factor determinante.”

El resultado más aparente para el sistema económico de este proceso de inyección de dinero por las actividades de cultivos excedentarios, fue un aumento de la Demanda Agregada[2] especialmente en las áreas de producción de coca y en especial la de artículos suntuarios de consumo interno, del sector de la construcción, del sector de transportes, algunos servicios, etc.
De acuerdo a la teoría económica con un flujo fuerte de dinero en el sistema, aumenta la demanda de bienes transables[3] (exportables) y no transables (no exportables) y el efecto más visible, es que la producción de los productos tradicionales de exportación disminuye debido a que el boom de la producción ilícita en este caso, retira recursos de la producción de bienes transables tradicionales y los lleva a la de no transables, o sea a la de artículos suntuarios de consumo interno, del sector de la construcción, del sector de transportes, y algunos servicios. La producción del “producto” ilícito tiende a aumentar y el análisis indica que eso fue lo que ocurrió.
Luego, se dio la generación de un excedente económico (especialmente en el área de producción ilícita) que según el mismo Oscar Roca, tuvo la característica de: “tratarse de un excedente sin acumulación, lo que hizo, por el lado del consumo, que se trate de un consumo dispendioso, alterando una lógica económica básica entre condiciones materiales de vida y gasto, como consumo que debería incidir en el mejoramiento de los niveles de vida”.

Además, se dio una tendencia al aumento de la producción de coca y de la elaboración y exportación del “producto” exportable: la cocaína (y la coca excedentaria que se encuentra como insumo de esta). Es posible que se haya dado cierta acumulación de capital regionalmente, así como algún incremento del comercio y por ende de la importancia comercial y social de los centros poblados cercanos a los lugares de producción de coca excedentaria (área de influencia del eje troncal) con relación a los lugares tradicionales de mercado. Existirían por tanto efectos supuestos de esta economía o sub-economía en el empleo directo e indirecto de la población y por tanto cualquier medida de ajuste al lienamiento gubernamental, debiera ser analizada con mucha precisión.

[1] En el año 1988, El Alto obtuvo el rango de ciudad mediante la división administrativa de la ciudad de La Paz en dos ciudades. En el año 2007, El Alto alcanzó una población de 864.575 habitantes (32.263 más que el 2006), relegando a La Paz al tercer lugar, según el número de pobladores. Este año, La Paz suma 839.718, y sólo Santa Cruz de la Sierra está por encima de ambas con 1.482.255 habitantes.

[2] Se refiere al total de gasto en bienes de consumo y de capital en una economía durante un determinado período de tiempo. Es determinada por el nivel agregado de precios y por factores como la inversión, el gasto público, la función de consumo y la oferta monetaria.

[3] Son todos aquellos bienes que se consumen dentro de la economía que los produce, y se pueden exportar e importar libremente, por los bajos costos de transporte y aranceles.