¿Por qué nos interesa abordar un tema tan complejo como en algunos aspectos inescrutable?; la razón es su evidente vinculación a una elevada economía informal generadora de empleo localizada en el área de influencia del eje troncal de infraestructuras y de los centros urbanos más importantes del país (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra). Las explicaciones que se desarrollan en lo posterior y la información presentada, nos proporciona algunas respuestas de la relevancia de la hoja de coca principalmente en lo social y en lo económico y, el desequilibrio en el que se incurre con gran repercusión en el área de influencia que se menciona, al aplicar estrategias de erradicación sin un serio análisis prospectivo de los impactos y con criterios verticalistas que no se comprometen con la realidad de un país profundamente diverso.
Efectivamente, el contexto de la coca tiene matizaciones que se manifiestan como un abanico de argumentos, desde lo autóctono y originario[1], hasta las penumbras de lo ilícito en la extracción y comercialización del alcaloide cocaína.
Nos centraremos en los aspectos cuantificables y en el impacto social y económico que genera la economía de la coca, en una sociedad que requiere mayores razonamientos y fundamentos para concentrar esfuerzos que tonifiquen el eje troncal como motor de desarrollo social y económico.
La producción de hoja de coca en Bolivia se realiza principalmente en dos zonas y en una tercera menos relevante. Por los volúmenes producidos y la importancia del efecto social y económico, solo analizaremos las dos primeras. Estas zonas son: Los Yungas (Departamento de La Paz), zona en la que se ha cultivado de manera tradicional; el Chapare (Departamento de Cochabamba), donde una parte se atribuye a cultivos tradicionales y otra gran parte es denominada “excedentaria”. Ésta zona del Chapare experimentó a partir de la década de los años 70 un acelerado crecimiento, hasta llegar a un máximo expansivo en la segunda mitad de los años 80 y, como se verá posteriormente, una contracción muy importante a partir del año 1997. La tercera zona de menor relevancia productiva es la zona subtropical de Apolo, situada al centro norte del Departamento de La Paz.
Esta relevancia por ubicación, se entrelaza con los conflictos sociales entre Gobierno y productores “cocaleros”, que provocan las políticas de erradicación e interdicción forzosa por una parte, y el irrenunciable ingreso para los productores producido por la venta de la hoja de coca al mercado habitual interno y al mercado comprometido con prácticas ilícitas. Entre estos dos últimos puntos de destino, la frontera de definición es difusa y se hace difícil su esclarecimiento.
Un segundo criterio considera que ésta ubicación de las zonas productoras en el área de influencia de la vía fundamental de carretera Cochabamba – Santa Cruz, se correlaciona profundamente con una población económicamente dependiente de la producción / comercialización de coca y las externalidades que esta economía promueve. Esta población se ha ido asentando de forma creciente en esta zona del eje troncal, motivada por la atracción de una economía activa y alterna a la depreciada actividad minera de la década de los años 80, que expulsó en 1986 con medidas gubernamentales de “corrección” y “relocalización” la mano de obra minera a estas zonas y a las ciudades principales del eje troncal con los consecuentes efectos en cascada. (Posteriormente se analizan las migraciones y sus causas).
Un tercer elemento relevante, está compuesto por el ejercicio de políticas y estrategias vinculadas al ámbito de la coca. La erradicación forzosa, la estrategia de Desarrollo Alternativo, el Plan Dignidad, Política de coca “0”, hasta la propuesta del actual gobierno de Cocaína “0”. En suma, un conjunto de acciones gubernamentales de tipo centralista, disociadas algunas veces, como antagónicas en otras, que en este último quinquenio 2002 – 2007 parecieran tener un cambio de dirección, según muestran las cifras.
Cabe subrayar, que el mercado local para consumo de la hoja de coca ha sido prioritario –históricamente- para su producción, tanto en la región de Los Yungas como en ciertas provincias de la zona del Chapare. Este hecho se constata cuando se analiza la considerable venta y consumo “akhulliku”, en los mercados y ferias de los centros poblados, también de los centros mineros y en las comunidades rurales principalmente aymaras y quechuas.
Desde mediados de la década de los años 90, cuando la región del Chapare era una fuente importante de cocaína para el mercado mundial y Bolivia tenía el potencial de producir 255 toneladas métricas de cocaína pura, el país ha reducido su potencial de producción de cocaína a 70 toneladas métricas. Esta reducción fue aplicada por el ex presidente Banzer (1997-2001), quien combinó la erradicación forzosa con una opresiva aplicación de las leyes de interdicción y la provisión de desarrollo alternativo condicionado a una reducción de coca. Sin embargo, del año 2000 al 2005, ha habido un incremento en el cultivo de coca de 19.600 a 26.500 hectáreas, debido en parte a la incapacidad del gobierno de Bolivia de llevar adelante una erradicación forzosa en los Yungas, zona a la cual muchos productores de coca del Chapare han migrado y en parte debido a las concesiones que alentaron a los productores a plantar más coca. El cultivo total de coca se incrementó en 8 por ciento del 2004 al 2005, alcanzando a 26.500 hectáreas.
La erradicación forzosa se ha aplicado desde la aprobación de la Ley 1008 de Sustancias Controladas, en la zona productora del Chapare localizada como se dijo en el área de influencia de la red fundamental, con excesiva rigurosidad, con insensibilidad y con muertes, sin observar aspectos diferenciados. Esta situación a puesto de manifiesto un rechazo social no solo por los métodos adoptados, sino y con mucha diferencia, la falta de visión y previsión de los efectos posteriores que no solo fueron inmediatos, sino que hasta hoy la sociedad en general y el eje troncal en particular, sufre los efectos.
Sin embargo a estos tres criterios de notable importancia, los antagonismos no se han resuelto en mesas de negociación con propuestas vinculantes, sino que se han ejercido un conjunto de diversas actuaciones “in situ”, es decir, en las propias zonas de producción; desde establecer puestos militares de control e intervenciones armadas por parte de los gobiernos en el propio eje, hasta bloqueos indefinidos de la vía fundamental de transportes por parte de los productores.
Desde el occidente al oriente boliviano y viceversa, el transporte de pasajeros y carga por esta vía, junto a las exportaciones no tradicionales, fueron las más afectadas con intervenciones militares y bloqueos de tiempo indefinido. Irónicamente, en medio de estas dificultades, los productores de oleaginosas, de algodón, caña de azúcar y otros productos del oriente boliviano, están afianzando una “nueva puerta” para la salida de sus productos, hacia los mercados internacionales, volcando la mirada al modo de transporte fluvial por la vía Paraná-Paraguay, lo que promovería un factor de fortalecimiento del eje troncal hacia un encadenamiento internacional, que no se había promovido en forma planificada, coherente y voluntaria, desde las esferas de decisión.
Por otra parte, las políticas de estrangulamiento de una economía informal fortalecida por los vínculos al narcotráfico, mediante las intervenciones militarizadas de erradicación forzosa, con nombres prometedores como “Plan Dignidad”, han generado indeseables externalidades que a pesar de los discursos desde los organismos internacionales o del gobierno estadounidense o de los gobiernos nacionales que justificaban su aplicación, no han repercutido en lo esperado por la comunidad internacional, en cuanto a disminuir redes mafiosas, o consumo en los mercados norteamericano o europeo del alcaloide.
Es lamentable que políticas internacionales que desconocen un estado de situación de país, prevalezcan sobre los intereses locales. Más lamentable aún, que los gobiernos bolivianos no representen objetivamente estas matizaciones para lograr misiones y visiones conjuntas y equitativas para bien de los habitantes de un territorio, a la hora de aplicar políticas de intervención desde visiones exógenas, como lo explica muestra el editorial del New York Times del 23 de Septiembre de 2006[2].
En la medida en que se desarrolla el análisis, encontraremos algunos planteamientos, que pretendemos sean acordes al diagnóstico propositivo que nos hemos propuesto realizar. Los factores -que se consideraron relevantes- se analizan desde las perspectivas local e internacional, puesto que existen notables divergencias en la búsqueda de unos criterios comunes nacionales y una implicancia con la comunidad internacional en la relación coca-cocaína.
Una lectura que no se encuentra en el informe de la UNODC, pero que si se desprende de éstos gráficos, es que durante el período 2004 – 2005, los problemas de enfrentamiento por erradicación e interdicción disminuyeron por el acuerdo al que se llegó entre el gobierno de Carlos D. Mesa y los productores cocaleros; sin intervención armada, también se logró disminuir las superficies cultivadas excedentarias.Descritos los elementos relevantes, pasemos a analizar las cifras que se presentan en las tablas y gráficos siguientes.